Dos puntos del presupuesto de María Eugenia Vidal para el año próximo generarán roces con los intendentes. Uno contiene los subsidios a la tarifa social eléctrica y al transporte que Nación dejó de costear y que ahora deberán pagar las arcas municipales. El otro es el porcentaje del Fondo Educativo que los municipios deberán afectar a obras de infraestructura en las escuelas.

Según el texto del presupuesto, el gobierno bonaerense transferirá a los municipios el costo de la tarifa social a las boletas de luz, un nuevo gasto, que será de unos $8000 millones y que deberán pagar las arcas municipales. Desde la provincia admiten que no habrá "ingresos extra" para los intendentes a la hora de comenzar a pagar por la tarifa social de luz.

Según datos oficiales, hay 4,3 millones de beneficiarios de la tarifa social eléctrica en todo el país, pero en la discriminación por distrito el Estado toma en cuenta el Área Metropolitana por un lado (con 1,3 millones de hogares con subsidio social), que incluye la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, y por otro lado el resto de la provincia de Buenos Aires, con otros 573.000 usuarios.

Pero además, los municipios deberán hacerse cargo del costo de la quita de subsidios al transporte local, un gasto que rondará $2.500 millones.

Sin embargo, la cuenta que manejan los intendentes duplica los números de la gobernación y escala hasta los 23.000 millones. Los técnicos de los intendentes estiman 11.600 millones por tarifa social, 4.300 millones por transporte, 2.900 millones por alumbrado y 4.100 millones por eliminación de 6 por ciento.

"No está contemplado que la provincia afronte esos pagos. Lo tendrán que pagar los municipios", dijo a LPO una fuente del Ejecutivo que aclaró que solo algunos municipios deberán afrontar ese gasto.

Sobre este último punto, en el gobierno descartan tensión con los intendentes y argumentan que recibirán casi 3.000 millones en beneficios impositivos, lo que les generará una ganancia de 500 millones.

Según detallan, habrá 674 millones más que ingresará en coparticipación por retenciones; 1.000 millones por la suspensión de la baja del Impuesto a los Sellos (se pensaba darlo de baja y se suspendió) y 712 millones por mayor coparticipación de "débitos y créditos".

El otro punto que generará polémica es el porcentaje del Fondo Educativo que quedará afectado a obras de infraestructura en las escuelas. LPO había adelantado que ese tema sería uno de los conflictivos en la negociación por el presupuesto.

El fondo educativo fue creado en 2005 y establece una asignación específica de recursos a las provincias que a su vez coparticipan a los municipios. Los gobiernos provinciales tienen facultades de administrar ese fondo y establecer qué porcentaje los intendentes deben destinar a obras de infraestructura en las escuelas.

El año pasado, el texto inicial del presupuesto obligaba a los alcaldes a destinar el 85% de ese fondo a infraestructura. Pero luego de duras discusiones, la Gobernadora aceptó finalmente bajar al 50% esa obligación para los intendentes del Conurbano y al 40% para los del interior.

Este año, el gobierno estableció ese fondo en $8.400 millones para todo el año. Pero lo que anticipa una polémica es que exige a los alcaldes del Conurbano a que el 100% sea afectado a obras. En tanto, los del interior deberán gastar en infraestructura escolar el 70%. La diferencia de porcentajes surge a raíz que los establecimiento del interior no registran el deterioro que sí muestran las escuelas del Conurbano.

Este año, la situación de las escuelas será un tema central en la agenda, en especial después de la explosión en Moreno que dejó dos víctimas fatales. En el gobierno creen que los intendentes no tendrán margen para discutir los destinos de esos fondos.